El pasado 26 de mayo entró en vigor la nueva Ley de Vivienda. Una ley que ha generado muchas críticas por parte de los propietarios e inmobiliarias. ¿Por qué? Muy sencillo: porque sus principales novedades van dirigidas contra los arrendadores y los inversores.
Se trata de una ley cuyo objetivo es facilitar el acceso al alquiler y sin embargo, con una visión sorprendentemente corta que demuestra un desconocimiento total del funcionamiento del mercado, los efectos esperados a medio y largo plazo son precisamente los contrarios: un encarecimiento de los precios de los alquileres y por lo tanto una complicación más para que todos aquellos que buscan una vivienda puedan acceder a ella en régimen de alquiler.

Un concepto fundamental de nuestro sistema económico dicta que cuando disminuye la oferta de un producto o servicio, manteniéndose constante la demanda, los precios se incrementan.

Como se ha dicho, los principales cambios introducidos con la nueva ley perjudican a todos aquellos propietarios interesados en alquilar sus casas: se limita el incremento de las subidas de los alquileres, se reducen las condiciones para ser considerado “gran tenedor”, disminuyen las bonificaciones en el IRPF, se aumenta la inseguridad al alargar el procedimiento para recuperar la vivienda en caso de impago u ocupación, etc.

Es de esperar que todo esto lleve a una disminución del número de pisos ofrecidos en alquiler, lo que, sumado al incremento constante de la demanda de alquiler que se ha venido produciendo en España en las últimas décadas, condena a tener que pagar unos precios más elevados a todos aquellos que quieran vivir de alquiler.

Afortunadamente, tanto para arrendadores como arrendatarios, esta nueva Ley no solo padece de una visión muy corta, sino también de unas patas muy cortas (dado que lo más probable es que no se llegue a aplicar nunca).

La Ley aprobada a nivel nacional no se puede hacer efectiva sin que las administraciones autonómicas pongan en marcha la maquinaria de desarrollo y regulación que corresponda.

Por un lado, es necesario recordar que son las Comunidades Autónomas las que tienen
competencia en materia de vivienda por lo que la Ley aprobada a nivel nacional no se puede hacer efectiva sin que las Administraciones autonómicas pongan en marcha la maquinaria de desarrollo y regulación que corresponda. Tras las pasadas elecciones del 28M, la mayoría de las comunidades, entre ellas Aragón, van a estar gobernadas por fuerzas políticas que se oponen frontalmente a esta nueva Ley de Vivienda, por lo que su puesta en marcha puede sufrir un retraso indefinido.

Además, la reciente convocatoria de elecciones generales parece aventurar un cambio en el color político del Gobierno de España, de forma que las nuevas mayorías que aventuran las encuestas tendrán la posibilidad de directamente derogar la nueva Ley de Vivienda.

Con suerte, la paralización total de esta ley será lo suficientemente rápida como para no
ahuyentar del mercado del alquiler a un número considerable de propietarios e inversores. En un momento como el actual, en el que los precios de las hipotecas se han encarecido más de un 50% debido a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, es más necesario que nunca disponer de un mercado saneado que permita el acceso a una vivienda de alquiler a precios asequibles para los jóvenes y las familias.

Carlos Trullén Calvo
Consultor Financiero